La reforma de Sánchez supondrá 860 millones para los más ricos

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, estiman que con la subida del IRPF pactada entre el Gobierno y Unidos Podemos se recaudarían unos 860 millones de euros, después de que esta mañana se hayan publicado las líneas básicas del acuerdo para el Plan Presupuestario.

En este sentido, los técnicos calculan que este incremento de la carga fiscal para aquellos contribuyentes con rentas superiores a los 130.000 y 300.000 euros -cuyo tipo marginal aplicable se elevaría del 22,5% al 24,5 y 26,5%, respectivamente- se traduciría en unos ingresos de 524 millones de euros y afectaría a 121.550 personas. Y de ellas, los 8.400 contribuyentes con mayores rentas del país cada año tendrían que pagar de IRPF unos 28.000 euros más de los que abonan en la actualidad.

Asimismo, Gestha señala que se podrían recaudar otros 338 millones con la propuesta planteada de aumentar las rentas del capital para aquellos contribuyentes cuyos rendimientos totales del ahorro superen los 140.000 euros, es decir, para las casi 60.000 personas con mayores rentas del capital.

Los técnicos consideran que esta medida no es lo suficientemente efectiva como para lograr cerrar la brecha que existe entre la recaudación por IRPF de España y los 28 países de la UE, y que actualmente escala hasta los 23.400 millones de euros. No obstante, admiten que la aprobación de ambas subidas contribuirían a mejorar la progresividad del sistema tributario que proclama el artículo 31 de la Constitución.

Escasa recaudación por Patrimonio

Por otra parte, el acuerdo alcanzado también incluye un aumento al 1% del Impuesto de Patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros. Pues bien, a falta de concretar los detalles, Gestha prevé una muy baja recaudación adicional si no se complementa con otras medidas que eviten las bonificaciones existentes en la actualidad, que llegan hasta el 50% y el 100% que se aplica en La Rioja y Madrid, respectivamente. Y es que sólo en la comunidad madrileña residen más de la mitad de las fortunas que se verían afectadas por esta subida.

Ahorro mínimo para las micropymes

De forma paralela, la bajada del Impuesto de Sociedades del 25 al 23% a las micropymes que contempla este Plan Presupuestario apenas supondrá un ahorro de 36 millones de euros, pues sólo afectaría a 7.202 sociedades –únicamente al 0,5% de las empresas que facturan menos de un millón al año-.

En este sentido, los técnicos recuerdan que sobre el 95,5% restante, la rebaja no tendría ningún impacto, ya sea por tratarse de compañías que registran pérdidas –como le ocurre al 74,1% de las empresas que conforman este colectivo- o por aplicar las deducciones o las compensaciones de cuotas por pérdidas de cooperativas que agotan la cuota líquida.

Lucha contra el fraude y control del gasto público

Gestha revela que mientras el acuerdo contempla aumentar los ingresos por la lucha contra el fraude fiscal en 1.500 millones de euros, con un plan realista y eficiente a medio plazo podría reducirse a la mitad ese 25% al que, aproximadamente, asciende la economía sumergida en España y recaudar unos 38.000 millones de euros que se escapan por esa mayor evasión respecto a los países de nuestro entorno.

Los técnicos confían en que en el Parlamento se debatan e incluyan tres medidas fundamentales: la reorganización de la Agencia Tributaria (AEAT), de los Tribunales Económico-Administrativos y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), para mejorar el control del gasto público y la lucha contra la corrupción, con estructuras más horizontales y capacidad de decisión más compartida; el aumento de las responsabilidades de la plantilla con exigencia de su cumplimiento; y la dotación de más personal y más medios.

Y es que la menor recaudación fiscal que provoca el fraude hace que el gasto social en España sea 48.000 millones inferior a la media ponderada europea, además de debilitar nuestras cuentas públicas respecto al déficit y al endeudamiento.

Finalmente, los técnicos destacan que queda por debatir una reforma fiscal integral para lograr una mayor redistribución de la renta y la riqueza entre los ciudadanos y una mayor suficiencia para que las Administraciones públicas puedan atender los gastos que soportan el Estado del bienestar, para lo que habría que reducir la evasión tributaria y mejorar el uso de los fondos públicos. Y para ello resultaría imprescindible modernizar tanto la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) como la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), lo que reduciría con eficacia la economía sumergida y contribuiría a lograr el control de la eficiencia del gasto público.