Casi 300.000 millones de euros en depósitos bancarios están fuera de la cobertura del FGD

Luis Aparicio

La prolongada crisis de las cajas de ahorros y la resolución del Banco Popular han puesto en primera línea de información al Fondo de Garantía de Depósitos. En España, como en el resto de la Unión Europea, los depósitos bancarios están garantizados en caso de quiebra de la entidad hasta un máximo de 100.000 euros por titular de la cuenta o el depósito.

Alcance de cobertura

Con datos del informe anual del FGD a cierre de 2017, los depósitos (terminología que también se extiende a las cuentas corrientes) a los que teóricamente afecta este paraguas de protección suman 1,005 billones de euros. Sin embargo, el volumen garantizado es de 707.092,9 millones de euros. Es decir, hay 297.592,3 millones de euros en depósitos que no quedan cubiertos.

Fuentes expertas consultadas, apuntan el motivo. ¿Por qué casi 300.000 millones de depósitos se quedan fuera de la garantía?. Los importes depositados en bancos exceden ese límite fijado para la UE en 100.000 euros por titular de la cuenta o depósito.

Por tanto, para tener una total garantía, empresas y familias españolas deberían adecuar el dinero que tienen depositado. ¿Con qué?,  con la cobertura que establece la ley con el fin de que ninguna parte de su ahorro quede fuera.

El dinero de las familias

Y estas cifras encajan casi a la perfección con las cuentas financieras que publica el Banco de España correspondientes al cierre de 2017. Las empresas tenían depósitos por valor de 251.587 millones de euros, en tanto que las familias sumaban a cierre del pasado ejercicio 794.873 millones. En total, 1,046 billones de euros. Son estos depósitos los que cubre el FGD, ya que la Ley excluye aquellos propiedad de las entidades financieras y los intermediarios que no gozan de ninguna garantía, en caso de resolución de la entidad financiera donde tengan su dinero.

En España, el dinero depositado en depósitos y cuentas corrientes sigue siendo el principal ahorro de las familias españolas con esos casi 800.000 millones de euros a 2017, muy por encima de las participaciones en fondos de inversión que sumaban 310.793 millones y de sus acciones en empresas no cotizadas que alcanzaban la importante cifra de 340.891 millones.

La importancia de la cifra del ahorro en depósitos, sumada a la profunda crisis financiera que vivió España con un rescate bancario cercano a los 65.000 millones de euros ha situado en el punto de mira esta importante cobertura. El caso se reabrió también con la resolución del Banco Popular ya que la normativa europea prevé claramente que los depósitos de los clientes pueden hacer frente en caso de quiebra. Hasta el Popular, nunca se había producido una quiebra bancaria en la que pagasen los accionistas y bonistas más comprometidos, y después de ellos le tocaría el turno a los depósitos de los clientes con ese límite de los 100.000 euros.

La garantía del FGD

Según explica el propio Fondo de Garantía de Depósitos, ésta es la cobertura que ofrece:

El importe garantizado de los depósitos dinerarios tendrá como límite la cuantía de 100.000 euros por cada titular, con independencia del número y clase de depósitos que tenga en la entidad.

El importe garantizado de los valores o instrumentos financieros confiados a la entidad es independiente del anterior, y alcanza igualmente como máximo la cuantía de 100.000 euros por cada inversor, al margen del número y clase de valores.

Adicionalmente, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito cubre otros casos excepcionales e independientes de la cobertura anterior durante un periodo de tresmeses a contar a partir del momento en que su importe haya sido abonado o desde la fecha en que dichos depósitos hayan pasado a ser legalmente transferibles. Estas coberturas adicionales de los depósitos son:

  • Procedentes de transacciones con bienes inmuebles de naturaleza residencial y carácter privado.
  • Los que se deriven de pagos recibidos por el depositante con carácter puntual y estén ligados al matrimonio, el divorcio, la jubilación, el despido, la invalidez o el fallecimiento
  • Aquellos que estén basados en el pago de prestaciones de seguros o en la indemnización por perjuicios que sean consecuencia de un delito o de un error judicial.